¿En qué consiste la debida diligencia ampliada?

La debida diligencia es un concepto que incluido por primera vez en la Ley de Valores de Estados Unidos en 1933. Inicialmente, se obligaba a los operadores y agencias a revelar información sobre los valores que se vendían, con el objetivo de proteger al comprador.

Hoy en día, la debida diligencia es un proceso mediante el cual se investiga detalladamente a una contraparte, ya sean clientes, socios, proveedores u otras partes que puedan intervenir en algún acuerdo económico, con el fin de prevenir la relación con actividades ilícitas como el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT).

Las debidas diligencias se aplican en varios sectores con alto riesgo de LAFT, como el financiero, bancario, comercial, ambiental, entre otros, con el objetivo de disponer de una herramienta que proteja contra el lavado de activos y preserve la integridad del mercado.

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Debida diligencia ampliada

La debida diligencia ampliada es una investigación exhaustiva que la empresa decide aplicar a una transacción para conocer detalladamente el origen y destino de los recursos involucrados. Se utiliza cuando se identifican mayores riesgos de actividades ilícitas, como financiamiento del terrorismo, corrupción, lavado de activos, fraude, entre otros.

El objetivo principal de las debidas diligencias ampliadas es identificar y mitigar los riesgos asociados con personas o relaciones comerciales que pueden estar vinculadas a actividades ilegales o cualquier otra forma de conducta que pueden potencialmente provocar consecuencias negativas.

La Gerencia de Detección y Respuesta de la Dirección Corporativa de Cumplimiento (GEB) es la encargada de realizar los procesos de debida diligencia ampliada, aunque dependiendo de la necesidad existen firmas externas especializadas en este tipo de actividades en la que se puede apoyar.

Cómo realizar una debida diligencia ampliada

La debida diligencia ampliada es un proceso que requiere investigación y análisis para evaluar los riesgos relacionados con operaciones comerciales o adquisiciones, especialmente en situaciones de alto riesgo. A continuación, el paso a paso para llevar a cabo este proceso:

Identificación de áreas de riesgo: Se identifican las áreas críticas que necesitan una evaluación más profunda, como el historial financiero, legal y operativo de la empresa, la estructura de propiedad y las relaciones con terceros.

Investigación financiera: Se revisan los estados financieros, auditorías pasadas, proyecciones y otras fuentes de información para detectar irregularidades o riesgos financieros ocultos.

Evaluación del cumplimiento legal: Verificar que la compañía esté en cumplimiento con todas las normativas legales aplicables, tanto locales como internacionales. En este punto, se puede requerir una revisión de licencias, permisos o sanciones.

Revisión de antecedentes: Investigar los antecedentes de directores, ejecutivos y socios de la entidad para identificar posibles dificultades como conflictos de interés, fraudes o conexiones con actividades ilícitas.

A través de este proceso se busca asegurar que todas las partes involucradas actúen de manera transparente, ética y conforme a las leyes vigentes. Al investigar de manera más profunda aspectos financieros, legales y operativos, se pueden identificar posibles amenazas que podrían afectar el éxito de la operación.

Este tipo de análisis es especialmente importante en sectores de alto riesgo, que son aquellos donde existen regulaciones complejas o donde la corrupción es un problema conocido. Al profundizar en estos ítems se puede obtener una visión clara sobre las prácticas de quienes gestionan la empresa, protegiendo la inversión, preservando la imagen y la reputación de las empresas que participan en la transacción.

Riesgos durante la debida diligencia ampliada

En caso de identificar riesgos durante la debida diligencia ampliada es importante llevar a cabo una evaluación. Dependiendo de la gravedad del peligro para el GEB, podría ser necesario detener una transacción o relación comercial, implementar medidas de mitigación específicas o tomar medidas adicionales.

Las fuentes de información utilizadas en la debida diligencia ampliada para identificar riesgos pueden incluir base de datos pública, registros estatales, listas de sanciones internacionales, medios de comunicación, entre otras. Algunos de los riesgos más comunes son:

Riesgo financiero: La revisión detallada de los estados financieros puede revelar problemas como deudas no declaradas, ingresos sobreestimados o una estructura de costos insostenible. La falta de claridad en la situación financiera puede resultar en costos inesperados.

Problemas legales: El riesgo legal puede surgir de pleitos judiciales no resueltos o posibles demandas futuras, lo que llegaría a afectar la estabilidad de la organización.

Riesgos de corrupción: En mercados de alto riesgo pueden surgir conexiones con prácticas ilícitas, por lo que no identificar, esto durante la debida diligencia puede implicar multas importantes y daños a la reputación.

Cumplimiento regulatorio insuficiente: Empresas que operan en distintos sectores pueden no estar cumpliendo con las normativas locales o internacionales, lo que podría derivar en sanciones o incluso la interrupción de operaciones si no se aborda correctamente durante el proceso de investigación.

Estos riesgos subrayan la importancia de realizar una debida diligencia ampliada de manera rigurosa para evitar factores que podrían comprometer la viabilidad de la operación o generar costos inesperados a largo plazo.

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